
Mano dura. Contundencia. Seguir el ideario y los valores marcados. En Ciudadanos lo tienen claro: si alguien desobedece los estatutos o va en contra de la línea impuesta por la formación, se actúa. Se abre expediente y, si procede, se le expulsa. Desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, un total de 59 cargos públicos han abandonado el partido: 46 han sido expulsados y 13 han dimitido, según datos del partido. En estos últimos casos, en muchas ocasiones, dimisiones forzadas. Los próximos en tomar la puerta de salida son los concejales de Jaén, a los que han abierto un expediente suspensión de militancia, pendiente de expulsión, por subirse el sueldo más de 10.000 euros brutos al año con el apoyo del PP.
Otro de los que dejará de ser cargo público en las próximas horas, según confirman fuentes del partido, es Jorge Javier Pérez Hernández, concejal en Leganés, que protagonizó un incidente con dos policías tras ser multado su hermano. La expulsión se le comunicará en las próximas horas. Entre los concejales que el partido ha inhabilitado destacan el concejal de Las Rozas (Madrid) Pedro Delgado, tras ser imputado por una cuestión relacionada con una empresa suya -dimitió, pero forzado por el partido-; a la ya conocida Carmen López, de Castilleja de la Cuesta, que se marchó a vivir a Chicago y pidió que el Ayuntamiento le costeara los vuelos para asistir a los Plenos; Antonio Gómez, de La Muela (Zaragoza) por asumir concejalías (esto es, entrar en el Gobierno) sin permiso del partido….
Hay casos que destacan por lo llamativo de la situación: Cira de la Cruz Moreno (Bormujos, Sevilla) cuenta con un expediente disciplinario pendiente de expulsión por una supuesta agresión al coordinador del partido; Ester Ruíz Lara (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) que, según explican en el partido, fue expulsada por no cumplir con sus obligaciones como asistir a los Plenos; Jesús Presencio (Valladolid) fue expulsado por dar positivo tras triplicar el límite de alcoholemia en un control; el expediente disciplinario pendiente de expulsión a Juan Machío Ortiz (Torremolinos, Málaga) se debe a que en una entrevista admitió haber enchufado a un familiar, cuentan en el partido; o el caso de Nazareth Quijano, que como ha informado este diario, fue obligada a dimitir tras desviar más de 18.000 euros de la cuenta del partido.
Mención especial merecen los concejales de Santa Pola, Alcora, Torreblanca, Turis, Font de la Figuera y Vilamarxant (todos municipios de la comunidad valenciana) expulsados por haber pactado con Compromís o haber apoyado el Gobierno del PSPV con Compromís. Un hecho especial, ahora que el PSOE negocia a nivel nacional un acuerdo de Gobierno y dos de los partidos con los que dialoga con Compromís y Ciudadanos. Desde el partido de Rivera señalan que no contemplan un acuerdo que incluya a la formación valenciana. «Una cosa es el desarrollo legislativo y otra cosa es creer que se puede compartir posición y contenido programático de cara a una investidura», ha aclarado en el Congreso Juan Carlos Girauta, portavoz del partido en la Cámara. A su juicio, es «imposible» que Ciudadanos pueda «compartir un programa de gobierno» con un partido como Compromís que incluye en su seno al Bloc, cuyos diputados «son independentistas».
La rectitud en Ciudadanos es una de las banderas del partido, como queda demostrado en la carta ética que exige firmar a sus candidatos en la que, como adelantó este diario, recoge la siguiente cláusula: «No efectuar sin autorización de los órganos centrales del partido, ni aún a título personal, manifestación alguna que pudiera comprometer la independencia de criterio del partido o confundir a la opinión pública».
Para velar por esta voz única y que nadie vaya en contra de las directrices que emanen de los órganos centrales del partido, Ciudadanos ha creado un departamento jurídico dentro de la secretaría de Organización, dependiente de Fran Hervías, máximo responsable de este área. Compuesto por dos abogados, exploran las vías jurídicas y decisiones a tomar en los problemas internos de la formación, así como en las polémicas que pueden protagonizar los cargos públicos.
Ciudadanos comenzó su expansión nacional en diciembre de 2014. Hasta entonces, era un partido que tenía limitado su ámbito de actuación, sobre todo, a Cataluña. Este crecimiento exprés, los 1.527 concejales logrados en las elecciones municipales de 2015, lograr grupo en 10 parlamentos autonómicos, configurar listas para las generales del 20-D… han llevado al partido a crear una nueva Secretaría de Grupos Institucionales, comandada por José María Espejo, hombre cercano a Albert Rivera y Hervías, con el fin de supervisar de forma más exhaustiva a todos los grupos presentes en Ayuntamientos y cámaras autonómicas. Este departamento también sirve para resolver dudas acerca de posiciones en una votación, coordinar mociones conjuntas… Esta nueva secretaría trabaja de forma conjunta y coordinada con la de Organización, de quien depende las decisiones finales.
Esta lupa sobre los cargos públicos para certificar que cumplen con lo impuesto por la dirección se completa con una suerte de departamento especial de acción rápida, compuesto por dos personas que se desplazan de forma urgente, según explican fuentes del partido, a las agrupaciones o regiones en las que puede haber un conflicto para trazar un informe y resolver en horas o pocos días.
AL MARGEN
LA MEDIDA ES EJEMPLAR
La medida es ejemplar y debería ampliarse en muchas, por lo menos en la ciudad, agrupaciones de este partido politicos.- En nuestra ciudad tenemos, por lo menos, dos de sus ediles, con problemas de imagen. Rafael Gasent, por su presunta alegre vida, y Eugenio Garcia por el tema del Burger. Tal vez no sea estos conceptos vitales para imponer disciplina o control, pero, lo cierto es que ahi están.
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