Punta Canfali

 

El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, no sabrá hasta el domingo si puede reactivar la hoja de ruta que tanto él como su coalición de Junts pel Sí (JxSí) tienen preparada para seguir avanzando hacia la independencia de Cataluña. Un plan que permanece parcialmente congelado desde hace más de tres meses y que ahora deberá esperar a que el Consejo Político de la CUP, que se reúne el día 3 de enero, acceda a mantenerle al frente de la Presidencia de la Generalitat, quizá de forma compartida con un poder «coral».
Si Mas siguiera en el cargo, se retomarían desde el primer días los trabajos que los partidos soberanistas prevén que duren 18 meses.Ése es el tiempo que los promotores del plan quieren que transcurra entre la formación del nuevo Govern de transición y que Cataluña cuente con «estructuras de Estado» propias, una Constitución hecha a su medida y un Parlamento ya escindido de España.
Una fotografía tomada esta semana a la agenda de Mas evidenció que el president daba por hecho que su investidura se iba a llevar a cabo ayer, más de tres meses después del 27-S. La división literal en la que vive la CUP es la responsable de que el president de la Generalitat en funciones se vea, no obstante, obligado a llenar de tachones su calendario. Si la formación antisistema finalmente le avala, el calendario personal del president volverá a tener dos jornadas marcadas en rojo.
La primera será el día 5 de enero, cuando está prevista la primera votación en el Parlament para su investidura.Para obtenerla necesitaría seis de los 10 votos con los que cuenta la CUP en la cámara. Si no lograra la mayoría absoluta, el día 7 sería definitivo.Con sólo dos votos de la CUP y ocho abstenciones, Mas sería president en segunda ronda por mayoría simple.
Una vez confirmada su reelección, se pondrían también en marcha los mecanismos que JxSí se comprometió en su programa electoral a activar para avanzar de forma ya irremediable hacia la independencia de Cataluña. El engranaje, además, retomaría el ritmo en pleno desconcierto en la política española donde el anunciado fenecimiento del bipartidismo de PP y PSOE mantiene en la provisionalidad al Gobierno.
Uno de los primeros pasos que marca la hoja de ruta soberanista ya se dio de forma parcial a inicios de noviembre.Coincidiendo con el aniversario de la consulta por la independencia por la que se encuentra imputado Mas, el día 9 de noviembre el Parlament dio luz verde a la propuesta de «desconexión» con España y el inicio de la «desobediencia» a las instituciones judiciales del Estado.Un paso simbólico, hasta el momento, y lleno de intenciones al que se sumó la CUP y que fue propuesto en su momento por ERC con el objetivo de afianzar una de sus condiciones para concurrir a las elecciones con CDC: hacer imposible la vuelta atrás en el camino hacia la independencia.
Los acuerdos que encierra la propuesta de desconexión, en todo caso, también están pendientes de que se forme un Govern. El documento, además, fue recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que la anuló apenas tres semanas después, un tiempo récord para el organismo.
El siguiente escalón tras la resolución de desconexión, y que aún no se ha alcanzado por la falta de acuerdo sobre la presidencia de Mas, será la creación de un«Govern de concentración». Será a través de ese Ejecutivo temporal cuando se pongan en marcha las denominadas «estructuras de Estado».Es decir, todos aquellos organismos públicos que permitan sustituir de forma efectiva a las instituciones españolas y poner en marcha una república independiente.
CDC y ERC empezaron a negociar entre sus cargos el reparto de ese Govern provisional una vez superadas las elecciones del 27-S.Pese a su papel clave para que el proceso siga en pie nadie -ni siquiera ellos mismos- considera posible que la CUP acabe sumándose.
La desconexión con España se hará efectiva, según el plan de JxSí, a través de dos leyes esenciales. Primero, la Ley de Transitoriedad Jurídica permitirá mantener vigentes las normas actuales mientras se elaboran unas leyes propias para Cataluña. Por otro lado, la Ley del Proceso Constituyente dará luz verde al inicio de los trabajos para redactar una Constitución propia. Al mismo tiempo se elaborará una tercera ley, en esta ocasión con fines económicos. La normativa servirá para vehicular una Agencia Tributaria propia y permitir a Cataluña empezar a gestionar todos los impuestos que se generen enel territorio.Las tres primeras patas de las estructuras de Estado está previsto que se aprueben durante el primer mes de vida del nuevo Govern.
En paralelo a la desconexión legal e institucional con España, se llevará a cabo la redacción de la Constitución catalana.Un texto que pivotará sobre el sancionado juez Santi Vidal, expulsado de la carrera judicial durante tres años por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), precisamente, por espolear el texto constitucional.
Una vez finalizado el texto, será al cabo de 18 meses cuando se cierre definitivamente el círculo. Antes de que transcurra ese tiempo deberían celebrarse, finalmente, las «elecciones constituyentes» catalanas. De ellas saldrían elegidos los partidos que conformarán el primer Parlament del nuevo estado catalán independiente y el primer Govern que no estaría supeditado a la legalidad española. Parada final de la hoja de ruta.
Aunque será el plan tallado por JxSí el que marque, en esencia, el proceso soberanista, la coalición se ha visto obligada a modificar el guión por la larga negociación con la CUP. En la primera y fallida ronda de votaciones para ser investido, Mas recurrió a varias ofertas para intentar declinar la balanza. Entre otras, aseguró estar dispuesto a someterse a una moción de confianza -instrumento que únicamente el president puede convocar- a los diez meses de Govern si la CUP consideraba que no se estaba cumpliendo con lo acordado. JxSí también aceptó el modelo de «presidencia coral» que la dividiría en cuatro grandes carteras.
La última oferta a la CUP, no obstante, pone mayor énfasis en el plan de choque social, por primera vez cifrado en 270 millones. Aunque considerada insuficiente por el tercer sector, la oferta augura que las políticas sociales serán parte esencial del gobierno provisional antes de que, según prevé JxSí, se alcance la independencia.

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