Los socialistas de Benidorm han reclamado al actual gobierno municipal del PP que revise 86 contratos del Ayuntamiento –insinuando un posible «enchufismo»–, pero han incluido en el paquete algunos de los que formalizó su propio exalcalde (y hoy diputado provincial) Agustín Navarro durante la anterior legislatura.

Reaccionan así a la anulación judicial por parte de la Seguridad Social del procedimiento para convertir un contrato temporal en indefinido, que benefició a una sobrina de Navarro. De esta forma, en un escrito firmado por su portavoz municipal, Rubén Martínez, y su adjunto, Conrado Hernández, solicitan al actual alcalde, Toni Pérez (PP), que «haga extensible el procedimiento de revisión» del contrato de Ana Irene S. a otros que también accedieron a «un puesto de trabajo indefinido sin las preceptivas pruebas para ello, ya que fueron contratados en su momento como trabajadores laborales temporales», y que pudieran de esta manera «incurrir» en esa misma nulidad.

En el listado de esos 86 casos de empleados de la plantilla municipal puestos en tela de juicio figuran varios de los supuestos «enchufes» que investiga un juzgado de Benidorm a instancias de la Fiscalía, tras una denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). En concreto, el de familiares directos de candidatos socialistas en las elecciones municipales fichados como vigilantes de instalaciones deportivas que, en algunos casos, no han llegado a pisar estas dependencias, según el SPPLB.

En otros casos, se trata de funcionarios que llevan en el ayuntamiento desde hace más de una década, dado que el listado en realidad no es de elaboración socialista, sino que han hecho suya una información presentada por el partido de la oposición Ciudadanos por Benidorm. Con esta antigüedad, difícilmente pueden encajar en la situación legal cuestionada por el PSOE de conversión de contratos de relevo en indefinido.

La investigación judicial en curso contra Agustín Navarro por cerca de medio centenar de posibles «enchufes» a familiares y afines al partido socialista durante la pasada legislatura ya llevó a declarar al exacalde en marzo del año pasado ante el juez, y está pendiente de acudir de nuevo en noviembre.

Careo con el sindicato

La difusión de la reclamación del PSOE al PP para que se revise la situación legal y posible irregularidad de 86 empleados municipales ha suscitado una fricción entre los socialistas y el sindicato SPPLB.

Los primeros anunciaron acciones legales contra la central sindical por revelar esta «denuncia» que, según ellos, no tenía ese carácter, sino meramente informativo porque no se había presentado en el juzgado. El secretario local del SPPLB, Francisco Ángel González, retó al portavoz del PSOE, Rubén Martínez, a comparecer públicamente en un careo para difundir el contenido preciso de su escrito presentado al ayuntamiento, en el que efectivamente se reclama la «revisión» de los contratos y se apunta claramente a posibles irregularidades o nulidades en 86 casos.