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Suspende licencias hasta pedir un informe externo tras los cinco contra los cambios
El aplazamiento de licencias estará en vigor durante un año ampliable a otro más
La incógnita es si los cambios volverán a pleno antes de las municipales de mayo

El alcalde, MIguel Ortiz (centro), junto a la edil de Urbanismo (la segunda por su izquierda), ayer, en el pleno. L. T. M.
R.N.G. Altea
Las cartas y los cinco informes técnico-jurídicos registrados por la promotora y por los propietarios del suelo del PAI Mar y Montaña II, más conocido como Porto Senso, han acabado haciendo mella en la hoja de ruta con la que trabajaba el Ayuntamiento de Altea. Fuesen amenazas o simplemente advertencias a título informativo, lo cierto es que el pleno volvió a dejar sobre la mesa ayer la aplicación de las normas urbanísticas que ya se han introducido en otros doce planes parciales en lo que va de mandato para introducir criterios de sostenibilidad económica y ambiental sobre el desarrollo del proyecto (básicamente, la redistribución de la edificabilidad en menos metros de fachada y más profundidad, que la promotora interpreta como una recorte de metros).

El segundo aplazamiento (el primero se produjo el 4 de diciembre) se produjo a instancias de una enmienda introducida por la edil de Urbanismo, la independiente Carolina Punset (Cipal), a la propuesta de acuerdo formulada por el propio equipo de Gobierno. Con esa corrección (registrada el pasado lunes, informada favorablemente por los técnicos a lo largo de la semana pasada y comunicada a los grupos de la oposición a última hora del viernes) el ayuntamiento suspende la concesión de licencias en el sector con el objetivo de evitar la adquisición de derechos y aplaza la aplicación de esos ajustes en el PAI para pedir un informe externo a una entidad de prestigio en el que se aclare si esos cambios suponen un perjuicio a los intereses de la promotora susceptible de exponer al ayuntamiento al pago de futuras indemnizaciones tras la interposición de su previsible demanda.

La enmienda quedó aprobada por unanimidad. Ni siquiera hubo turno de intervenciones para que cada grupo pudiese exponer su valoración sobre el asunto. Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, ya habían planteado con anterioridad la posibilidad de recurrir a un dictamen externo que pudiese respaldar el criterio de los técnicos municipales. Y el PP, socio mayoritario del Gobierno, también estaba dispuesto a recurrir a esa vía para disipar dudas.

La enmienda no llega a detallar a qué entidad de prestigio se le va a encargar la confección del dictamen. Sin embargo, las fuentes municipales consultadas ayer precisaron que la opción más probable es que se recurra a la Universidad de Alicante (UA) en busca de una entidad que reúna dos requisitos básicos: solvencia e independencia. Un rasgo que los grupos políticos municipales consideran que no es aplicable en el caso de los cinco informes contrarios a la modificación del PAI, a los que asumen como estudios de parte.

En principio no hay un plazo delimitado para que ese informe independiente esté finalizado. La suspensión de licencias tendrá una validez de un año, prorrogable por otro, aunque las fuentes consultadas apuntaron que el estudio no tendría por qué demorarse más allá de cuatro o cinco meses. La gran incógnita es si sus conclusiones se conocerán antes de las municipales y si el bipartito PP-Cipal se atreverá a volver a plantearel acuerdo antes de la cita con las urnas o si decidirá dejar el asunto en manos de la próxima corporación.