El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (PP y Cipal) ha decidido no amedrentarse ante las presiones de Rover Alcisa contra todos sus miembros para que no apliquen las ordenanzas urbanísticas que ya han introducido en otros 12 Planes Parciales en el el proyecto urbanístico de Mar y Montaña II, más conocido como Porto Senso.

Todos los grupos que integran el pleno de Altea (PP, Cipal, PSPV y Compromís) estudian iniciar acciones judiciales contra la constructora. De hecho, han dado traslado a los servicios jurídicos municipales del contenido de la carta con tono amenazante que la promotora envío a cada uno de los concejales del consistorio. Según explicó la concejala de Urbanismo de Altea, Carolina Punset, «queremos que los servicios jurídicos valoren si existe un presunto delito de coacciones».

La modificación que plantea el Ayuntamiento de Altea sobre un proyecto urbanístico de la constructora Rover Alcisa motivó a sus responsables a remitir una misiva a todos y cada uno de los integrantes del Gobierno alteano en la que les advierte de que iniciarán acciones penales contra ellos, si continúan exigiendo unas condiciones urbanísticas que, según la empresa, implicarían una reducción de la edificabilidad de su proyecto.

Rover Alcisa entiende que la modificación planteada «generaría un perjuicio irreparable» para sus intereses.

Los portavoces de los dos grupos políticos de la oposición, Eloy Hidalgo (PSPV) y Jaume Llinares (Compromís) respaldaron ayer la posibilidad de que el ayuntamiento inicie acciones legales contra la promotora al considerar que habría traspasado las posiciones normales de un proceso de negociación. «Se pueden plantear alegaciones, aportar sugerencias, pedir cambios… pero no con amenazas», apuntó Hidalgo. «Hay una línea que se ha superado y desde hoy, el PSPV rompe las relaciones cordiales que manteníamos con sus responsables a la hora de abordar el asunto», incidió.

En parecidos términos se expresó su homólogo de Compromís. Llinares incidió en que la carta de advertencia remitida por los representantes de la promotora «es una fórmula de presión intolerable» y aseguró que, si se llega a plantear la propuesta de denunciar a los representantes de la empresa por coacciones, «lo apoyaremos».

LAS MODIFICACIONES SE APROBARÁN POR UNANIMIDAD

Las manifestaciones de la oposición se produjeron al término de la reunión informativa celebrada a primera hora de la mañana de ayer para conocer las explicaciones de los técnicos municipales sobre las consecuencias de la modificación del Plan Parcial de Porto Senso. Tras ellas, Hidalgo y Llinares reafirmaron su convencimiento de que la aplicación de las normas urbanísticas no vulneran los derechos urbanísticos de la promotora. Insistieron en que se mantiene su volumen de edificabilidad y en que el único cambio es que se introducen nuevos criterios que obligan a redefinir la tipología de los edificios: menos fachada marítima y algo más de profundidad. En esta línea, apuntaron que mantendrán su posición inicial y apoyarán los cambios en el próximo pleno, el próximo 18 de diciembre.