DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Transcurridos casi 15 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamase el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pueblo de l´Alfas vuelve la vista atrás y se congratula de todos los avances y mejoras experimentados, al tiempo que constata todo lo que queda por hacer en pro de la erradicación de esta lacra social que continúa cobrándose la vida de innumerables mujeres y niñas del planeta.En nuestro país, en lo que va de año, ya son 46. La violencia afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Por ello hemos de reconocer y agradecer el trabajo de quienes encomiendan su vida y su esfuerzo a combatir dicha violencia.
De esta manera, debemos y queremos adoptar
dichos acuerdos:

Instar al Gobierno a tomar las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Seguir impulsando el desarrollo de todas aquellas iniciativas encaminadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, potenciando modelos educativos basados en la educación en igualdad de género entre escolares, con la finalidad de romper con los roles y estereotipos de género que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres.
Potenciar las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana con el fin de informar debidamente a la población sobre la magnitud de este problema, estimulando y provocando su implicación y activa participación en la erradicación de la violencia de género.
Priorizar, en 2015, y dentro de la línea de financiación de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para programas, proyectos y actividades encaminadas a la promoción de la igualdad aquéllas iniciativas en pro de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Promover la formación y el reciclaje profesional de quienes trabajan directa o indirectamente con mujeres y menores víctimas de violencia de género, contribuyendo así a crear una red sólida de profesionales eficaces y coordinados en la lucha contra esta lacra en nuestra provincia.
Instar al Gobierno de la Nación a que incremente su colaboración con las Comunidades Autónomas en la dotación de los recursos económicos necesarios para hacer frente al sostenimiento de aquellos servicios asistenciales que legalmente están reconocidos para las víctimas de violencia de género, haciendo especial hincapié en las propuestas aprobadas por la Conferencia Sectorial Igualdad en 2013 para la «Mejora de la coordinación interinstítucional y la puesta en marcha de planes personalizados para la atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas».
Exhortar al Gobierno Autonómico para que mejore su contribución con los servicios municipales de asistencia social a víctimas de violencia de género, por ser considerados los servicios de mayor proximidad, salvaguardando así los derechos reconocidos legalmente a las mujeres víctimas y a los menores que conviven en un entorno violento.
Solicitar al Gobierno que promueva las reformas legales oportunas, con el fin de hacer más efectiva la protección y seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, mediante la adopción de medidas de asistencia y protección social integral.