La sentencia de un juez de Valencia que prohíbe el alquiler turístico de pisos por días en una finca donde existe un uso mayoritario residencial ha puesto de nuevo encima de la mesa la necesidad de regular convenientemente esta actividad. Existen normas que pueden interpretarse como restrictivas en lo que respecta a esta actividad cuando se da en espacios residenciales (en el resto de casos no hay inconvenientes) pero los problemas que empiezan a generarse en Valencia, especialmente en el centro de la ciudad, requieren de una normativa específica que regule en qué términos esta práctica podría autorizarse. El Ayuntamiento de Valencia debe movilizarse y tomar las riendas de las negociaciones puesto que los principales problemas se están dando en la capital autonómico. Hasta el momento el consistorio se ha limitado a abrir expedientes de sanción en las situaciones donde se han constatado denuncias pero las molestias a los residentes empiezan a multiplicarse y el Ayuntamiento no puede eludir por más tiempo sus responsabilidades. El fallo, además, establece que para que esta actividad sea legal no sólo es necesario que el negocio esté dado de alta en el registro de la Conselleria de Turismo sino que debe contar con la pertinente autorización municipal, lo que revela que el papel del consistorio es fundamental.