● Festejos, gastos protocolarios y de mobiliario y reuniones acapararon las prioridades del gobierno Navarro-Bañuls en plena crisis

● Los Populares vuelven a insistir en la exigencia de responsabilidades políticas y reiteran su petición de informes tras la sentencia recibida el pasado día 8

“En plena crisis y en sólo un mes, el gobierno de Navarro y Bañuls comprometió los 2,5 Millones de euros que ingresó la concesionaria de la EDAR, sin destinar un solo céntimo de euro a la deuda con Iberdrola”.

Así de contundente se ha mostrado hoy el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Pérez, al tiempo que desvelaba que “festejos, gastos protocolarios, gastos en mobiliario y reuniones acapararon las prioridades del gobierno Navarro-Bañuls en cuanto pillaron el dinero”.

Pérez ha recordado que “tan sólo un mes después de modificar y prorrogar el contrato ahora tumbado por el TSJ CV, el 30 de junio de 2010 y mediante una moción de urgencia, el gobierno Navarro-Bañuls aprobó liberar diversos gastos por valor de 2,5 millones de euros. Unos gastos, ha señalado Pérez, que estaban retenidos en el presupuesto de 2010 y de los que no se debía disponer hasta contar con un ingreso efectivo y extraordinario”.

“Aquel 30 de junio, ha recordado Antonio Pérez, el gobierno local reconoció que, según ellos por la crisis, en el presupuesto de 2010 había 3.720.000 euros que no estaban disponibles y, por tanto, no se podían gastar hasta que no se dispusiera de ingresos por esa cuantía. Sin embargo, fue el propio gobierno el que argumentó que habiendo llegado uno de esos ingresos, -en referencia a esos 2’5 Millones de euros- se podían habilitar partidas presupuestarias hasta entonces bloqueadas”.

“Frente a esta versión, ha recordado Antonio Pérez, desde el Grupo Municipal del Partido Popular votamos en contra tanto de la urgencia de la moción como al punto en sí, al considerar que, tal y como dijimos entonces, los 2,5 millones desbloqueados ni se iban a invertir en rebajar la deuda municipal, ni en pagar a los proveedores o atender a las necesidades de la ciudadanía, sino en festejos, gastos protocolarios o de mobiliario y reuniones entre otros gastos corrientes y propios del capítulo 2″.

“También dijimos entonces que ni un céntimo de esos 2’5 M/€ se iba a emplear en pagar ninguna factura de la luz, por lo que hoy, tras la respuesta ofrecida por el gobierno local el pasado viernes, se hace preciso volver a exigir responsabilidades políticas y diligencia en el gobierno para abordar las consecuencias de esa nefasta sentencia para el interés general”, ha señalado Antonio Pérez.

Pérez ha señalado que “con estos antecedentes, que el gobierno diga ahora, quizá para justificar la modificación de ese contrato pese a la sentencia, que dicha modificación se produjo cuando detectaron la situación, en 2010, en plena crisis económica y con las arcas públicas municipales vacías, buscando una fórmula con la que poder hacer frente a la deuda, es un nuevo intento de reírse de la ciudadanía y tratar de insultar su inteligencia”.

“Es simplemente seguir tratando de engañar al pueblo de Benidorm para intentar ocultar una gestión nefasta, cuyas consecuencias no se han calculado a día de hoy, pero que son de exclusiva responsabilidad del gobierno local”, ha finalizado Antonio Pérez.