· El gobierno socialista deja al descubierto otra prueba evidente del carácter discriminatorio que utiliza contra el Sindicato Profesional.
Benidorm, 28 de Noviembre, 2013
La forma arbitraria y antojadiza que el Gobierno socialista está llevando a cabo con el Sindicato Profesional que denunció ante la Fiscalía diversas irregularidades, está quedando al descubierto paulatinamente, dejando constancia de que muchas de sus decisiones han sido tomadas de forma premeditada e intencionada.
Así queda demostrado a través de dos resoluciones de la Junta de Gobierno Local por las que se deberán abonar 2471, 48 €, mas 416,86 € de intereses al verse obligados a ejecutar dos sentencias que fallaron a favor de un afiliado y un Representante electo del Sindicato Profesional en el año 2011, dos años después.
Para el SPPLB, la actitud del equipo de gobierno es un total despropósito y lo único que continua acarreando son perjuicios sin sentido y varapalos para las arcas municipales.
Por otro lado, curiosamente, el abogado encargado de defender en su día al Ayuntamiento de Benidorm coincide, en las dos sentencias condenatorias, con el abogado que fue contratado externamente a propuesta del departamento de personal, utilizando la partida que existía de 40.000 € destinada a estudios e informes técnicos para la Valoración de puestos de Trabajo en los presupuestos del año 2010 y que motivó que el Sindicato Profesional criticara el poco interés de la Administración en llevar a cabo la VPT, critica que fue contestada por la administración con una burda mentira que, como consecuencia de la misma, el Interventor realizó un informe en el que rogaba al departamento de personal que antes de mentir constataran la realidad.
Cabe hacer constar que los servicios jurídicos del letrado en cuestión fueron en aumento hasta un total de 57.542,14 € (hasta donde sabemos) y a la vista de lo expuesto en las sentencias, parece que su única misión, además de hacer caja y crear gastos innecesarios, era demorar expedientes sin justificación alguna al ser requeridos por la justicia, provocar la suspensión de las vistas y aportar documentación sesgada, incompleta y obstructiva.
Desde el Sindicato Profesional han criticado duramente la actitud del equipo de gobierno, actitud que han tildado de desarcetada, torpe y que evidencia la existencia de dos varas de medir, una para el Sindicato Profesional y sus afiliados, otra para sus palmeros.

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