Rosana Crespo

• CASO ERIAL
• EDUARDO ZAPLANA

«Habríamos entendido, dado que se había aprovechado de todo el dinero y de tantas personas, que tuviera la honradez de reconocer lo que hizo ante un tribunal y ante sus amigos. Pero no lo hizo», afirmó el representante de Anticorrupción en su informe de conclusiones

22/05/2024 – 

VALÈNCIA. Apenas respiró y ni siquiera paró para beber agua el fiscal Pablo Ponce este martes durante la exposición de su informe de conclusiones del juicio del caso Erial. El representante de Anticorrupción hilvanó, a lo largo de casi cinco horas, un incisivo y duro relato con altibajos en el tono, ironías y ciertas expresiones de indignación. En su exposición, desgranó lo que considera un papel absolutamente preponderante del exministro Eduardo Zaplana en todo el supuesto entramado para cobrar comisiones ilegales por las concesiones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España.

La Fiscalía pide 17 años de cárcel para Zaplana y rebaja la pena a menos de dos años para los conformados  

• ROSANA CRESPO

«Siempre ha necesitado dinero, desde 1992», dijo a modo de resumen sobre Zaplana y en referencia a las conversaciones del caso Naseiro en las que comentaba cómo le hacía falta tener ganancias. 

Todo comienza con las adjudicaciones públicas. El fiscal se centró sobre todo en el amaño de las ITV. Es el que parece más atado, especialmente por testimonios como el del interventor que fue apartado tras advertir de que el pliego podía perjudicar a la Generalitat. El representante de Anticorrupción insistió en el «plan preconcebido» por parte de Zaplana para que una de las sociedades beneficiadas fuera Sedesa, vinculada al exdirector general de la Policía Juan Cotino, ya fallecido.

«Bajo la decisión de Zaplana se van creando las condiciones necesarias para obtener una ganancia. No se ha encontrado ninguna justificación documental por escrito para privatizar las ITV. Ésta vino motivada por el concierto que había entre Zaplana y Juan Cotino. Y el amaño se realizó mientras se gestaba», explicó. En su opinión, en la Mesa de Contratación no se hace ese amaño, sino que está hecho de antemano y cuando llega a esa fase ya está todo decidido. «Se hizo antes, cuando se confeccionaron los pliegos o en las reuniones con empresas licitadoras. Con toda la información obtenida ahí, se confeccionaron las condiciones y se llevaron a la Mesa de Contratación, añadió.

El fiscal entró a valorar que se apartara al interventor que avisó de sus reparos. «Le notificaron dos días antes que tenía que ser sustituido por otro. ¿Y quién firmó su cese? El entonces conseller José Luis Olivas. Se hizo de manera fina sobre la única persona que cuestionó los criterios y que mantuvo disputas con el presidente de la Mesa. Se le cambió por decisión unilateral para que no hubiese problemas», comentó. Igualmente, destacó que el hecho de que la Mesa propusiese y adjudicase en el mismo día la contratación «no es lo normal» y tiene «mucha relevancia por la celeridad».

Tras la adjudicación llegaron las mordidas. «Se tenía que pagar la comisión», indicó, por lo que Cotino se desplazó a Luxemburgo con 640.000 euros en metálico para constituir dos sociedades a través de una fiduciaria. Éstas habrían servido para desviar el dinero al extranjero. 

«Las sociedades no se crean en Luxemburgo por casualidad. Es por la ley que tenían en ese momento y que fue denunciada por la Comisión Europea. Incumplía el Tratado de la Unión Europea porque daba beneficios fiscales injustificados», comentó. Además de Luxemburgo, el dinero fue a parar a Andorra. 

Banquillo de los acusados. Foto: KIKE TABERNER

Después, las cantidades circularon por un entramado societario en diversos países (Uruguay, Panamá, etc.) cuando ya entró en juego el testaferro Fernando Belhot, quien en el juicio reconoció que gestionaba dinero de Zaplana. Para el fiscal, ese dinero procedía de una actividad delictiva previa que concernía al exministro. Algo que se prueba en los documentos incautados al exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y que son «munición» de la citada actividad delictiva. Se refería concretamente a las cantidades de Andorra, que no ha quedado probado que provinieran ni de las ITV ni de los parques eólicos. La investigación apuntó en cierto momento a las comisiones de Terra Mítica, pero en el juicio no se ha mencionado. 

Las cantidades se retornaron luego a España para beneficio de Zaplana, de acuerdo con la causa. En este cometido, el representante de Anticorrupción le atribuye protagonismo a su asesor fiscal, Francisco Grau. «Se ha probado que el retorno de los fondos se efectúa a través de una serie de sociedades constituidas por Grau. Lo trae a través de operaciones financieras. Son maquinarias de transformación del dinero para ocultar el origen ilícito del mismo«, detalló el fiscal. Éste fue destinado diversas inversiones inmobiliarias –como el piso de Núñez de Balboa–, compras –como una embarcación– o gastos del exministro. «Al final, Zaplana era el beneficiario de todas las inversiones. Era el centro de todo el beneficio y de todas las operaciones financieras», concluyó.

El fiscal recordó el dinero en efectivo de la trama. «¿Cuánto dinero en metálico necesita Zaplana en su día a día? Esto es incompatible con la vida de una persona real», afirmó. Igualmente, lanzó una serie de reflexiones. «Zaplana salió de la cárcel no por su enfermedad, sino porque recuperamos el dinero del extranjero», señaló en alusión a las críticas que recibieron en su momento tanto a él como la jueza de Instrucción por mantenerle la prisión preventiva cuando fue detenido.

Igualmente, hizo alusión a las palabras del exministro cuando aseguró que no pudo recibir dinero de Cotino puesto que en esa época, tras dejar de ser presidente de la Generalitat, no se llevaba bien con él: «Como dice la canción de Sabina, ‘las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera’. Aquí no hablamos de corazones, sino de negocio. No hablamos de amistad, sino de dinero, que no tiene ni patria ni color. Es, simplemente, dinero. No sé si Cotino se hablaba o no con Zaplana, pero no es lo relevante». 

Foto: KIKE TABERNER

El fiscal admitió que quería que el exministro declarase al inicio del juicio «para ver si tenía la valentía de asumir su responsabilidad en el procedimiento después de usar a tantas personas a su beneficio». «Habríamos entendido, dado que se había aprovechado de todo el dinero y de tantas personas, que tuviera la honradez de reconocer lo que hizo ante un tribunal y ante sus amigos. Haber reconocido su participación. Pero sin embargo no lo ha hecho», le recriminó.

Pena de menos de dos años de cárcel para los conformados y multa de 11 millones

Todo el relato dibujado por el representante de Anticorrupción estuvo precedido por la exposición de la petición definitiva de penas para los acusados. Así, ha rebajado sustancialmente las de aquellos que alcanzaron una conformidad y reconocieron los hechos al aplicar atenuante por confesión muy cualificada: los hermanos Cotino (Vicente y José), el exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y el autodenominado testaferro del expresidente de la Generalitat, Joaquín Barceló (‘Pachano’). Las deja en menos de dos años de prisión, con suspensión de la condena y multa. 

Tanto a los Cotino como a García les pedía inicialmente 14 años de cárcel, mientras que a Barceló le solicitaba ocho. El fiscal destacó que resulta relevante valorar las confesiones tanto autoinculpatorias como de narración de los hechos. La multa para Barceló es de cinco millones de euros; para García de 1,3 millones; y para Vicente Cotino de 4,3 millones. 

Para el asesor fiscal del exministro y considerado el cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, Anticorrupción mantiene la solicitud de ocho años de cárcel. Misma pena que para Mitsouko Henríquez, quien fuera secretaria particular de Zaplana desde 1991 ininterrumpidamente. En cuanto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas, le pide dos años de cárcel, cuatro menos que los iniciales, al retirarle el delito de prevaricación y mantener el de cohecho. 

Para el resto de acusados (Saturnino Suances, Francisco Pérez, conocido como Paco ‘El Gasofa’, Robert Edgar Bataouche y Carlos Gutiérrez), las penas oscilan entre los 5 y los 7 años de prisión. 

La Fiscalía ha retirado igualmente las acusaciones para Elvira Suances, Pedro Romero y Ángel Salas. El fiscal argumentó que, a la vista del desarrollo del juicio, la prueba es insuficiente para sostener una acusación y no ha quedado acreditada su participación, por lo que interesa una sentencia absolutoria. 

Anticorrupción no ha aceptado una rebaja de las penas por dilaciones indebidas y defendió que ha habido una evidente celeridad del procedimiento, con la práctica de comisiones rogatorias en varios países y una pandemia de por medio. 

Igualmente, incidió en la legalidad de los papeles que dieron inicio a la causa, hizo hincapié en la importancia de la declaración de testaferro Fernando Belhot y valió la del exgerente de Imelsa Marcos Benavent en instrucción (quien luego cambió de versión). En este sentido, censuró las críticas de los acusados a estos testimonios. «Nosotros no hemos traído a condenados a declarar como testigos. Otros sí. Condenados en otros procedimientos: José Manuel Villarejo, Marcos Benavent y Roberto López Abad«, manifestó.